la presente ley tiene por objeto regular la transición a un gobierno y administración digitales en el sector público autonómico, procediendo no solo a desarrollar la normativa básica estatal en materia de administración electrónica sino también a implementar y fomentar la adopción de las medidas precisas para incorporar el potencial de las nuevas tecnologías en el diseño de las políticas públicas, en la modernización del sector público autonómico y el impulso de la economía gallega, con la finalidad última de la prestación de servicios públicos digitales de calidad.

Para estos efectos, la ley regula las relaciones con los administrados y el funcionamiento del sector público autonómico, incorporando las exigencias derivadas de la regulación de la administración electrónica. Regula, asimismo, las infraestructuras digitales del sector público autonómico y establece los órganos autonómicos con competencias en relación con la administración digital.