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Antecedentes:
El Estatuto de las mujeres del rural de Galicia surge como desarrollo de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, que implanta la obligatoriedad de elaborar estatutos específicos para las mujeres del rural y del sector marítimo-pesquero.
Esta iniciativa se encuadra en el marco de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece medidas para garantizar la igualdad en el rural (art. 30).
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Problemas que se pretenden solucionar:
La aprobación de este Estatuto supone un paso decisivo en el cumplimiento de los compromisos institucionales de la Xunta de Galicia en materia de igualdad y desarrollo rural, al tiempo que representa un reconocimiento explícito de la diversidad de las mujeres que viven en el rural, ya sean trabajadoras del sector primario, cuidadoras, emprendedoras o personas excluidas del comprado laboral.
Además, constituye un avance relevante en la integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas dirigidas al medio rural, contribuyendo a la cohesión territorial, a la lucha contra la despoblación y al impulso del relevo generacional. En conjunto, este Estatuto establece un precedente normativo que sitúa a Galicia en la vanguardia estatal en materia de igualdad en el ámbito rural.
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Necesidad y oportunidad de su aprobación:
La aprobación de esta norma es necesaria para corregir las desigualdades que afectan a las mujeres del rural gallego, reconocer su papel en el desarrollo territorial y garantizarles igualdad real de oportunidades. Al tiempo, supone una oportunidad para dar cumplimiento al mandato legal de la Ley 7/2023, incorporar la perspectiva de género en las políticas rurales y contribuir a la lucha contra la despoblación y al impulso del relevo generacional.
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Objetivos:
El Estatuto de las mujeres del rural de Galicia tiene como objetivo garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el rural, reconociendo los derechos de las mujeres al empleo, a la formación, a los recursos y a la participación en la vida pública.
Busca promover el empoderamiento femenino mediante el apoyo al emprendimiento, la titularidad compartida, la visibilización de su trabajo y su presencia en los órganos de decisión, además de prever medidas contra la violencia y el acoso laboral.
También pretende incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas rurales, impulsar la conciliación, la digitalización y el acceso a la información, contribuyendo así la un rural más justo, inclusivo y sostenible.
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Posibles soluciones, alternativas, regulatorias y no regulatorias:
Otras soluciones no regulatorias serían los planes o programas sectoriales, convenios con entidades o el refuerzo de líneas presupuestarias existentes.
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Rango de la norma:
Decreto