Antecedentes:
En Galicia el medio rural, y en él el monte, que supone más del 65% de su superficie, constituye un patrimonio esencial para el desarrollo sostenible del país con un extraordinario valor, proporcionado por su dimensión social, medioambiental y económica que alcanza a toda la sociedad, sobre el que los incendios forestales constituyen una principal amenaza.
La primera ley contra los incendios forestales de Galicia, aprobada en el año 2007, posibilitó el desarrollo de una estrategia de defensa del rural contra los incendios organizada atendiendo a la defensa primordial de las personas y de los bienes junto con la defensa de los recursos forestales; no obstante, el tiempo transcurrido obligó a sucesivas modificaciones, ya que las previsiones iniciales resultaban inoperantes ante los nuevos desafíos. Es por eso que se precisa de una nueva regulación con la que desarrollar procedimientos para llevar a cabo acciones eficaces y ágiles tanto en materia de prevención como de extinción y acorde con los nuevos escenarios climáticos.
Así pues, ante el actual contexto ambiental generado por el cambio climático y los cambios sociodemográficos, deviene imprescindible un nuevo marco normativo que constituya la base de actuación para regular y ordenar estrategias, planes, programas y protocolos de prevención y extinción, que impliquen a todas las administraciones, organismos y entidades públicas y privadas y a la sociedad civil, procurando un resultado verdaderamente eficaz en la reducción del impacto que los incendios producen en nuestro territorio.
La definición de mecanismos de cooperación multinivel, las actuaciones preventivas sobre el territorio, la promoción de iniciativas de recuperación de usos del monte, también del espacio rural, las limitaciones a los usos y actividades en el monte en relación con los incendios forestales y terrenos quemados, la regulación de los usos del fuego, la vigilancia y detección y la extinción constituyen elementos esenciales de tratamiento del nuevo texto, además de la especial atención a la formación profesional y continua del personal, a la divulgación y, especialmente, a la investigación.
Debe ser también objeto de tratamiento la sensibilización y concienciación de la ciudadanía para lograr la implicación activa en la prevención y defensa contra los incendios forestales de toda la sociedad gallega a través de la cual impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y potenciar la estructura económica del rural para aprovechar al máximo su capacidad.
En definitiva, hace falta dotar a Galicia de una nueva norma para el establecimiento de medidas transversales que prevengan y faciliten la lucha contra el fuego y al tiempo valoricen la potencialidad productiva, ecológica y social del monte gallego y que constituya un pilar en el desarrollo sostenible del medio rural con garantía de futuro para nuestro país.