La Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera dispone en su artículo 19, dedicado a la instrumentación del principio de transparencia (apartado 5), que "Los presupuestos generales recogerán información sobre la necesidad de financiación de la Comunidad Autónoma, las inversiones reales de las empresas públicas en términos de contabilidad nacional, la ratio de gasto público de la Comunidad Autónoma en relación con el producto interior bruto regional, el nivel de deuda pública en el siguiente ejercicio y la evolución de las siguientes ratios y magnitudes: ratio deuda/PIB, ratio deuda/ingresos corrientes, riesgo comprometido por avales y compromisos por empleo de fórmulas de pago retrasado, tanto ya contratadas como de las previstas para el ejercicio presupuestario".