esta ley tiene por objeto el reconocimiento del interés público de la arquitectura y del entorno construido, como hecho cultural identificador de nuestra comunidad autónoma, que los poderes públicos están obligados a fomentar, preservar y difundir, como clave para el desarrollo económico sostenible y la cohesión social. Con tal fin, esta ley establece las medidas de impulso, coordinación y divulgación necesarias para alcanzar una arquitectura de calidad.

Es igualmente objeto de esta ley establecer las especificidades que requiere la regulación de los contratos de servicios derivados del proceso arquitectónico, en el marco de la legislación básica estatal en materia de contratos del sector público, con la finalidad de impulsar la calidad de la arquitectura en los procedimientos de contratación pública, excluidos los trabajos de ingeniería civil regulados por la legislación de obra pública.

AVISO: las sugerencias deberán enviarse a partir del martes 16 de noviembre.