se trata de incorporar los principios rectores de la normativa de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que se prevén en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, aplicable al sector del transporte y enfocados a mudar el concepto de habilitación administrativa por otro que elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice cargas administrativas, toda vez que se trata de un sector, el del transporte marítimo, que está liberalizado en Galicia desde la entrada en vigor de la mencionada Ley 2/2008. De este modo, el diseño de un procedimiento de inscripción que reduzca las cargas administrativas para las entidades interesadas resulta especialmente aconsejable, y permitirá cumplir con mayor eficacia el objetivo de proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias que establece dicha ley.

Por otra parte, pretende adaptarse la tramitación administrativa a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en lo que se refiere a la tramitación electrónica del procedimiento.