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Antecedentes:
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia
- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, de residuos, por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma (Directiva marco de residuos), y, recientemente, la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE.
- Ley 22/2011, de 28 de junio, de residuos y suelos contaminados
- Plan de Acción para la Economía Circular, diseñado por la Comisión Europea
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Problemas que se pretenden solucionar:
Existe una multitud de artículos, tanto de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos, como del Decreto 59/2009, de 26 de febrero, de rastreabilidad de residuos, que fueron derogados de manera implícita por la aprobación por parte del Estado de nueva normativa básica. Esto implica que el marco jurídico aplicable en Galicia en materia de residuos resulte, a veces, confuso o de compleja aplicación y/o interpretación.
Asimismo, es importante incorporar medidas legislativas que modifiquen de manera significativa el modelo productivo hacia un modelo de economía circular que facilite este cambio, de forma compatible con las políticas de cambio climático y promoviendo el empleo verde y la compra pública verde innovadora.
Entre estas medidas, destacan la posible inclusión de acciones dirigidas a la lucha contra el desperdicio alimentario y la reducción en el consumo de productos plásticos.
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Necesidad y oportunidad de su aprobación:
Tras una década de vigencia de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, hace falta abordar un nuevo texto que, partiendo de la regulación básica estatal, desarrolle de manera completa e innovadora todos los aspectos que inciden en la materia, ofreciendo soluciones eficaces a las necesidades detectadas en el tiempo transcurrido, teniendo en cuenta tanto la experiencia acumulada tras estos años como la evolución normativa del marco jurídico europeo en materia de gestión de residuos.
Por otra parte, además de la evolución que sufrió el marco jurídico de residuos tanto a nivel europeo como estatal, fueron dictadas otras normas sectoriales que afectan a aspectos muy importantes de carácter procedimental y de simplificación y racionalización del sector público autonómico, que ponen de manifiesto la necesidad de concretar y matizar ciertos aspectos que no resultan suficientemente claros, y de modificar y racionalizar ciertos trámites administrativos, de manera que el marco normativo sea claro y efectivo.
Asimismo, resulta procedente dar respaldo, con una legislación adecuada, a las iniciativas impulsadas en economía circular o cambio climático con el objeto de generar un crecimiento inteligente, sostenible e innovador mediante la lucha de los posibles impactos ambientales derivada del uso de los recursos a través de un uso eficiente de estos.
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Objetivos:
Los objetivos principales de la disposición legal son clarificar, unificar y simplificar el régimen que debe resultar de aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de residuos, así como introducir nuevas medidas que ayuden o favorezcan la consecución de los objetivos impuestos por la Unión Europea y la transformación de la sociedad gallega en una sociedad impulsora de la economía circular. Todo esto en el ámbito del ejercicio de la potestad de desarrollo normativo y ejecutiva que deriva de las competencias autonómicas.
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Posibles soluciones, alternativas, regulatorias y no regulatorias:
La alternativa a esta nueva regulación sería una modificación de la vigente Ley 10/2008, de 3 de noviembre, así como del Decreto 59/2009, de 26 de febrero, de rastreabilidad de residuos, pero por los motivos expuestos anteriormente se considera procedente abordar un nuevo texto con el fin de garantizar la seguridad jurídica y facilitar el idóneo manejo de la norma, en el lugar de modificarla parcialmente.
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Rango de la norma:
Ley