La Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración integra legalmente el procedimiento de evaluación como una parte imprescindible del ciclo de las políticas públicas. Un procedimiento de evaluación que, además, deberá nutrirse de la información allegada por la ciudadanía a través de sus sugerencias, quejas o indicadores de satisfacción, con el fin de lograr que sea el impulso ciudadano el que guíe el procedimiento de evaluación y mejora continua de los servicios.