Los planes directores son instrumentos de carácter estratégico, que tienen como fin potenciar el desarrollo de la actividad industrial en el sector concreto que corresponda, a través de la definición de las medidas dirigidas a fortalecer el sector industrial, mejorando la competitividad de las industrias actuales, fomentando su internacionalización, favoreciendo la sostenibilidad e impulsando la innovación industrial de sus procesos productivos, con el fin de incrementar el empleo industrial de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia.
La determinación de los sectores industriales estratégicos para Galicia a los efectos de elaborar los planes directores podrán realizarse de forma conjunta, agrupando varios sectores, o de forma paulatina, de acuerdo con las prioridades que se establezcan y que se fundamentarán, entre otras variables, en la situación del sector industrial y en su capacidad de crecimiento y generación de empleo.
El pasado 17 de febrero del 2025 se acordó en el Consello da Xunta de Galicia la declaración de tres nuevos sectores industriales estratégicos, que se suman a las declaraciones realizadas en febrero del año pasado con respecto a otros seis sectores industriales esenciales para la economía gallega: el metalmecánico, la automoción, la construcción naval, el sector forestal-madera, la industria de las TIC y el sector de la logística industrial. Entre los tres nuevos sectores declarados estratégicos, dada su importancia sectorial, está el sector alimentario la propuesta de la Consellería de Medio Rural, de la Consellería del Mar y de la Consellería de Economía e Industria.
El artículo 65 del Texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero detalla el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes directores de los distintos sectores industriales y, concretamente, el punto 3 de este artículo señala que, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto, se llevará a cabo una consulta pública a través del Portal de transparencia y Gobierno abierto, por un mínimo de 15 días naturales con el objeto de solicitar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por el futuro plan.