Régimen jurídico y condiciones de acceso a los servicios públicos

El sector público autonómico de Galicia se dotó con la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración de un marco común para la regulación del régimen jurídico de sus servicios y para el establecimiento de un Estatuto General de las Personas Usuarias.

Artículo 38. Ley 1/2015, del 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración. Estatuto general de las personas usuarias. Carta gallega de los servicios públicos:

  1. Todas las personas usuarias de los servicios públicos autonómicos, con independencia de la modalidad en que se presten, tendrán los mismos derechos en relación con la prestación del servicio público.

  2. En particular, tendrán derecho:
    • A ser admitidas al servicio y a exigir la prestación de los servicios públicos establecidos cuando reúnan los requisitos subjetivos y objetivos establecidos en el ordenamiento jurídico y en la reglamentación del servicio para ser beneficiarias de sus prestaciones.
    • A recibir las prestaciones en que consiste el servicio público en las condiciones de continuidad, regularidad y calidad estipuladas en su régimen jurídico, con pleno respeto a los principios de universalidad, igualdad y no discriminación.
    • A utilizar y a ser atendidas, segundo su elección, en la lengua gallega o castellana en sus relaciones orales y escritas con el prestador del servicio. Para estos efectos, tanto en los supuestos de gestión directa como indirecta, se adoptarán las medidas organizativas del servicio necesarias para la garantía de este derecho. El gallego será la lengua de uso normal y preferente en todas las actividades relacionadas con la organización y prestación de los servicios públicos.
    • A ser tratadas con deferencia y respeto en el marco de la prestación del servicio público de que se trate.
    • A acceder a toda la información que sea precisa para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio, de acuerdo con el dispuesto en la legislación reguladora de la transparencia administrativa.
    • A presentar sugerencias y quejas sobre el funcionamiento del servicio, que deberán ser contestadas de forma motivada e individual.
    • A obtener copia sellada de todos los documentos que, en relación con la prestación del servicio, presenten en sus oficinas.
    • A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, si fuere el caso, sanción para garantizar el buen funcionamiento del servicio, garantizar y regular la prestación de este y emendar cualquier irregularidad en su prestación.

  3. Toda persona usuaria de un servicio público estará sujeta a los siguientes deberes:
    • A abonar, de ser el caso, la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
    • A tratar con respeto y cuidado las instalaciones en las que se preste el servicio y los bienes utilizados en su prestación.
    • A tratar con deferencia y respeto al resto de las personas usuarias, así como el personal que preste el servicio.
    • A realizar un uso no abusivo de los servicios. Se entenderá que una persona hace un uso abusivo cuando su conducta obstaculice de manera irracional, desproporcionada y evidente el buen funcionamiento del servicio, ocasionando un perjuicio al resto de las personas usuarias, a la administración titular del servicio público y, si fuere el caso, al prestador. 

  4. El incumplimiento de los deberes citados en el punto anterior facultará el prestador del servicio o su personal debidamente autorizado o acreditado para no admitir la persona usuaria a la prestación del servicio o para su denegación, sin perjuicio de la posibilidad de la imposición de las sanciones previstas en las leyes sectoriales que regulen determinados servicios.
    Asimismo, el personal encargado de la explotación del servicio, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias para la utilización del servicio y formular, si es el caso, las denuncias pertinentes. Para estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal del prestador del servicio debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por el órgano administrativo competente, así como cualquier otro admitido en derecho. 

  5. Las normas reguladoras de los diferentes servicios públicos se adaptarán al estatuto general indicado en el presente artículo.
  6. Asimismo, el órgano administrativo competente, de acuerdo con el que se prevea en el régimen jurídico del servicio, aprobará cartas de derechos de las personas usuarias en que se concreten los derechos de ellas regulados en este artículo.